La alcaldesa de Irun recrudece su discurso horas antes de la reunión de este miércoles le reclamó Seguridad
La crisis circulatoria derivada de la Operación Retorno en Irun mantiene abierta la tensión institucional de dirigentes de la ciudad como su alcaldesa hacia el Gobierno Vasco. A escasas horas de la reunión técnica a la que el Ejecutivo autonómico emplazó el martes, la primera edil, Cristina Laborda (PSE), ha elevado el tono de sus exigencias a Seguridad y la Ertzaintza después de que el Departamento haya explicado la imposibilidad técnica de establecer controles de tráfico preventivos en Oiartzun.
En unas declaraciones ofrecidas este miércoles, la alcaldesa ha advertido de que acudirá al encuentro con una postura inamovible para reclamar alternativas al Ejecutivo autonómico: «Si no vale nuestra propuesta, que pongan otra encima de la mesa, que es su responsabilidad. No basta con decir no; hay que decir que sí».
El argumentario de la alcaldesa se ha centrado en las afecciones que el colapso viario genera en el día a día del municipio. «Aquí no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. No es de recibo que la gente no pueda llegar al hospital o no pueda salir o regresar a sus casas», ha asegurado, para acto seguido exigir al Gobierno Vasco que asuma sus competencias: «Los iruneses e irunesas no podemos ni debemos afrontar en solitario este problema que viene de fuera. Irun no necesita excusas, necesita soluciones».
El contraste con la coordinación policial
Este discurso de supuesto aislamiento de la administración local contrasta con la coordinación sobre el terreno y el diálogo institucional abierto. Apenas 24 horas antes de estas declaraciones, el Departamento de Seguridad explicó por qué no era viable la propuesta de la alcaldesa, emplazándola a la mesa de trabajo de este jueves para explorar alternativas de forma conjunta.
Y sobre el terreno, el propio comunicado oficial que el Ayuntamiento publicó la semana pasada evidenció que los agentes de la Policía Local intervinieron en esa jornada de colapso «en coordinación con la Ertzaintza», trabajando de la mano para solicitar cierres en las salidas de la autopista, establecer desvíos y modificar la circulación.
Confrontación en plena ola de inversiones
Esta vuelta de tuerca hacia el Gobierno Vasco —donde también gobierna el PSE en coalición— hay que entenderlo en el actual contexto político. La escalada dialéctica de la alcaldesa de Irun llega paradójicamente después de que el Ejecutivo autonómico haya anunciado inversiones que corresponden a Irun y avances de proyectos como el ambulatorio de Oinaurre, por el que pugnan seis empresas; el polideportivo multiusos o el traslado de las pistas de Plaiaundi.
A nivel foral, la realidad es similar, con el anuncio del polo de innovación BIO que la Diputación de Gipuzkoa abrirá en la antigua Aduana. A nivel viario, también destacan las nuevas obras recogidas en el Plan Marco de Infraestructuras Viarias presentado en 2025 de forma conjunta con la propia alcaldesa de Irun y el primer edil de Hondarribia.
