Los 55 empleados que mantienen la huelga indefinida exigen una equiparación de condiciones
La plantilla de las ITV de Bergara y Zarautz se han concentrado frente a la sede del Gobierno Vasco en Gasteiz para reclamarle que se implique en el desbloqueo de la negociación de su convenio. Argumentan que la ITV es un servicio obligatorio “y de interés público”, por lo que las instituciones también deben intermediar en la resolución del conflicto laboral.
El sindicato ELA ha informado de esta protesta en la que participaron 55 trabajadores de las concesionarias de ITV de Bergara y Zarautz, que desarrollan una huelga indefinida con la intención de mantenerla hasta que no se alcance un acuerdo. Según la central sindical vasca, en caso contrario se intensificarán las movilizaciones para obligar a la patronal a acceder a las reivindicaciones de las plantillas.
Negociación bloqueada
ELA ha denunciado que la negociación del convenio se encuentra “completamente bloqueada”, y ha atribuido esta situación a “la actitud de la empresa”. Ha recordado que los empleados de estas dos sucursales trabajan al año 133 horas más que el resto del sector en Gipuzkoa y ganan entre 2.000 y 6.000 euros menos anuales.
Concentración de la plantilla de las ITV de Zarautz y Bergara frente a la sede del Gobierno Vasco en Gasteiz. ELA Sindikatua
Por este motivo, abogan por un convenio que corrija estas diferencias para equiparar sus condiciones a las existentes en otras ITV guipuzcoanas, como las de Urnieta, Irun y Beasain. Más aún cuando, según ha incidido ELA, “los propietarios de la empresa han repartido en los últimos años dividendos por valor de seis millones de euros”.
Implicación institucional
Al ser un servicio de obligado cumplimiento, el sindicato vasco considera que el Gobierno Vasco debe intermediar. En su opinión, la responsabilidad institucional no sólo se refiere a velar por el cumplimiento de la normativa técnica y el correcto funcionamiento del servicio, sino que “también debe asumir su responsabilidad cuando el modelo de gestión pone en riesgo la calidad y la seguridad de un servicio esencial para la ciudadanía”, ante lo que apela a que intervenga para desbloquear la situación.
