Resuelve que sufrió persecución por «motivos políticos e ideológicos» y le otorga el derecho a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva.
El Gobierno español ha emitido una declaración oficial de reconocimiento y reparación personal para Josu Zabala Erasun, vecino de Irun fallecido el 8 de septiembre de 1976 tras recibir un disparo de la Guardia Civil en Hondarribia. La resolución, adoptada al amparo de la Ley de Memoria Democrática, reconoce que sufrió persecución por motivos políticos e ideológicos y le otorga el derecho a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva.
El Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia), que trabaja en el caso con el consentimiento de la familia, informó además de que el procedimiento de jurisdicción voluntaria promovido para esclarecer los hechos ha sido admitido a trámite por el Juzgado de Instancia número 4 de Irun. Este proceso no reabre la vía penal contra el autor del disparo, el guardia civil Enrique Pascual, amnistiado en 1977, sino que obtiene una certificación judicial de los hechos.
La entidad trasladó hace unos días la resolución del Gobierno a los ayuntamientos de Irun y Hondarribia y les ha propuesto organizar actos institucionales de reconocimiento y reparación coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Zabala, que se cumplirá el próximo año.
GEBehatokia también ha denunciado las dificultades para acceder a la documentación militar relacionada con el caso. Según explica, los documentos remitidos desde el Archivo Militar de Ferrol contienen información censurada, entre ella la identidad de un testigo presencial del asesinato que, tras ser detenido, relató las torturas sufridas durante su arresto. El observatorio considera que ese testimonio puede resultar determinante para el esclarecimiento de los hechos.
Ante esta situación, ha solicitado al juzgado que requiera el expediente íntegro al archivo militar y ha pedido el amparo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al considerar que impedir el acceso completo a la documentación supone una revictimización para las víctimas del Estado y sus familias.
